Las razones que llevan a los jueces del país a pedir más seguridad

Crónica Estéreo LT

La crisis de seguridad pública que ha estado marcada por el aumento de los delitos violentos asociados al crimen organizado ha preocupado y movilizado a las autoridades en distintos frentes. Pero hay quienes llevan años advirtiendo sobre un problema que se arrastra por varios años: la vulnerabilidad de jueces, juezas y otros funcionarios del poder judicial.
Es un asunto que resurge en la pauta cada cierto tiempo, producto de algún incidente que se asume como aislado. Hace cerca de un año, las amenazas dirigidas a algunos magistrados por parte de organizaciones criminales internacionales volvieron a encender las alarmas. En septiembre pasado, un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunció ante la Fiscalía un amedrentamiento directo. Después de eso, se reportó que al menos 14 jueces se encuentran con algún tipo de medida de protección.
Con todos estos antecedentes, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas resolvió en su asamblea realizada en Chillán hace unas semanas contar con un plan de acción para su protección personal. Meses antes, respondiendo a las inquietudes presentadas por esa asociación, la Corte Suprema designó al Ministro Manuel Valderrama para encargarse del tema, algo ante lo cual reaccionó también el ministro de Justicia Luis Cordero.
En medio de todo esto, para los jueces es primordial comunicar que lo que están pidiendo no es un privilegio, sino una condición de trabajo de la que depende el funcionamiento del Estado de Derecho.
La jueza Mariela Hernández, magistrada del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, ex presidenta y actual vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, explica las dimensiones del problema y las respuestas que han recibido de parte de las autoridades.